El accionar de los extorsionadores parece haberse salido de las manos de las autoridades. El viernes último hemos sido testigos de un brutal ataque con granada en una discoteca de San Juan de Lurigancho que dejó cinco heridos. En la madrugada de ayer, un local de eventos del mismo distrito también ha sido objeto de una agresión con un explosivo, con el saldo de cinco lesionados. Hoy, junto a San Martín de Porres, está en emergencia. Es evidente que estos delincuentes no están jugando y que actúan dispuestos a todo a fin de hacer que sus víctimas paguen el dinero que les exigen. Lamentablemente no se ve una respuesta articulada de parte del Gobierno, más allá del esforzado trabajo que realiza la Policía dentro de sus eternas limitaciones. Ojo, estos hechos se han producido en un distrito de la capital, precisamente el más poblado que por esta misma razón debería tener un tratamiento especial. Si así estamos en Lima, es fácil imaginar lo que está pasando en provincias. La cruda realidad es que no hay un plan para hacer frente a esta modalidad del delito que ya desangra el norte del país desde hace años.
