La Municipalidad de Lima y los ciudadanos de la capital tendrían muchas posibilidades de acabar con el cobro de los peajes manchados por la corrupción de la gestión de Susana Villarán que hoy maneja Rutas de Lima, si es que el Ministerio Público hiciera bien su trabajo, a fin de lograr una condena a la exalcaldesa, que ha confesado públicamente hace casi cinco años, que fue coimeada por los hampones de la constructora brasileña Odebrecht con varios millones de dólares que se usaron en su campaña para evitar que sea revocada a inicios del 2013. Si el Poder Judicial ya hubiera indicado formalmente que la “tía bacán” es una delincuente, quedaría establecido que el contrato con la concesionaria que nos cobra el peaje, se suscribió con pagos sucios por debajo de la mesa, lo que podría llevar a su anulación sin que haya penalidades contra el Estado peruano, que es lo que se debe evitar. Lamentablemente acá la justicia es lenta y todos pagamos esta tara con nuestra plata.

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