El Poder Ejecutivo busca que para el robo de teléfonos celulares se apliquen penas de cárcel de hasta 30 años, debido a que este delito es el principal dolor de cabeza para los ciudadanos de a pie que a cada momento son víctimas de arrebatos o atracos con pistola que hasta han costado vidas. Sin embargo, conociendo la realidad de nuestros fiscales y jueces, ¿alguien va a pensar que este tipo de condenas tan drástica podrá ser aplicada? Ojalá fuera así, pero es muy difícil. El problema en el país no es que no existan leyes, sino que no se aplican. Esta podría ser una de ellas.
Es urgente acabar con el robo de equipos celulares, algo que también podría combatirse poniendo un candado bien grande a las galerías donde se venden este tipo de aparatos. Todos sabemos cuáles son y dónde quedan, pero nada se hace. Mientras las cosas sean así, será muy difícil controlar a las lacras que roban y los venden a malos ciudadanos que también deberían recibir una pena
