La empresa Envigo mantenía recluidos a los beagle y experimentaba con ellos, a costa la salud y la vida de los perros.
La empresa Envigo mantenía recluidos a los beagle y experimentaba con ellos, a costa la salud y la vida de los perros.

La empresa , que criaba beagles para pruebas médicas bajo el inmoral “principio” especista de considerar que unas vidas valen más que otras (la salud humana por encima de la vida de inocentes animales), recibió una multa de 35 millones de dólares, después de que cuatro mil perros de esa mansa y amistosa raza fueron rescatados de sus instalaciones en Virginia, , en 2022.

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Es la mayor sanción impuesta por crueldad animal en el país, en virtud de la Ley de Bienestar Animal, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La empresa también está obligada a contratar a un supervisor corporativo independiente y a hacer una declaración en la que manifieste su arrepentimiento.

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Los beagle son los canes más usados para experimentos en el mundo, en medicinas y perfumería. Y es que son perros nobles, mansos y no muerden, algo de lo que se aprovechan quienes abusan de estos hermosos animales de gran olfato, energía y apetito.


Acuerdo millonario

La compañía Envigo, dedicada a criar animales para investigación, acordó ante el tribunal federal del Distrito Oeste de Virginia pagar 22 millones de dólares en multas, además de otros 13.5 millones para apoyar proyectos medioambientales y de bienestar animal, cubrir gastos de aplicación de la ley y mejorar sus propias instalaciones.

Esto incluye la mayor multa impuesta por el Departamento de Justicia en un caso de bienestar animal, 11 millones de dólares, informó el fiscal federal del Distrito Oeste de Viriginia.


Envigo e incautación

La empresa Envigo resultó conocida en 2022 cuando le incautaron unos 4 mil perros de raza beagle, algunos de los cuales fueron adoptados por celebridades como Meghan Markle y el príncipe Enrique.

La empresa se declaró culpable de un delito menor de conspiración para violar la Ley de Bienestar Animal y de un delito grave de conspiración para violar la Ley de Aguas Limpias, después de que se negó a reparar su equipo de tratamiento de aguas residuales y permitió que el exceso de heces de animales se vertiera en un arroyo cercano.


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