Memorial, una ONG creada en 1989 por disidentes soviéticos y que ha documentado durante tres décadas las purgas de la época stalinista y después la represión de la Rusia de Vladimir Putin, ha sido disuelta por la Corte Suprema en Rusia. La mano de Putin, opinan quienes conocen de Rusia, estaría detrás de esa medida represiva.
Se liquida así a la principal organización de derechos humanos de este país, Memorial, considerada la voz de los represaliados de la URSS, el azote del stalinismo y un quebradero de cabeza para el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, un admirador del genocida Stalin.
“Es una cuestión de deformación profesional, Putin, como buen agente de los servicios secretos, no cree en una sociedad civil independiente”, comentó a Efe Alexandr Cherkásov, director de Memorial.
De nada sirvió que desde el último presidente soviético, Mijaíl Gorbachov, al premio Nobel de la Paz, Dmitri Murátov, o la Comisión Europea llamaran a la Fiscalía rusa a retirar la demanda contra la ONG más antigua de este país.
A petición de la Fiscalía, que acusó a Memorial de violar la ley de agentes extranjeros, la versión moderna del “enemigo del pueblo” de la URSS, el Tribunal Supremo ordenó hoy la liquidación fulminante de Memorial.
El fallo, que satisface la petición de la Fiscalía que acusó a la ONG de crear “una imagen falsa de la Unión Soviética como Estado terrorista”, disuelve tanto la organización que se ocupa de conservar la memoria histórica como la que se encarga de la defensa de los derechos humanos que integran Memorial Internacional.
El fiscal, Alexéi Zhafiárov, cargó contra Memorial por “distorsionar” la victoria sobre Alemania en la Gran Guerra Patria (1941-45) y rehabilitar a criminales nazis “en cuyas manos hay sangre de ciudadanos soviéticos”.
“¿Por qué ahora nosotros, los descendientes de los vencedores, debemos observar los intentos de rehabilitar a los traidores a la patria y los cómplices nazis? (...) Seguramente, porque alguien paga por ello”, dijo.
Memorial acusa al Kremlin y a los órganos de seguridad del Estado, en particular al Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB), de intentar impedir que siga investigando los crímenes cometidos durante la URSS.
“El fallo es claramente un encargo político. Las dificultades para las organizaciones de derechos humanos comenzaron hace quince años, nuestra vida se hizo aún más complicada después de la anexión de Crimea (2014), pero desde la reforma constitucional (2020), con la creación de un nuevo paisaje político, no hay lugar para las ONG en Rusia”, aseguró.
“¡Vergüenza!”, fue el grito que se pudo oír frente al edificio del Supremo, donde se concentraron personas para apoyar a Memorial.
La verdad en Rusia
Memorial, organización fundada formalmente en 1991, entre otros, por el disidente y científico Andréi Sájarov, cuenta con una base de datos con más de tres millones de víctimas de las represiones soviéticas, de un total de 12 millones.
Además, cuenta con un museo dedicado al GULAG o red de campos de trabajo soviéticos y un archivo con 41.000 verdugos que trabajaron para el NKVD, precursor del KGB, durante las purgas stalinistas.
Los activistas también acusan a Putin de intentar ocultar los crímenes de Estado perpetrados desde que él llegara al poder (1999), empezando por la Segunda Guerra chechena.
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