El Ministerio del Interior (Mininter) cancelará 183,997 licencias de uso de armas de fuego que no fueron regularizadas hasta ayer, lo que supone una situación de ilegalidad para los propietarios.
El titular del sector, Carlos Basombrío, informó que estos ciudadanos deben, en primer término, internar temporalmente sus pistolas y revólveres, entre otros, en la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).
“Luego tienen dos alternativas. Una es transferir (vender) el arma si consiguen un comprador con licencia vigente y la otra es recuperar su arma volviendo a sacar su licencia” (deben realizar el trámite como usuario inicial), explicó Basombrío.
Delitos. Sobre el uso de armas de fuego en los hechos delictivos, el ministro Basombrío informó que la próxima semana se lanzará el Plan Integral contra portadores ilegales.
“Desde que llegamos al ministerio (del Interior) tuvimos la clara convicción de que había que acabar con las armas ilegales en el Perú. Hay que reducir ese mercado al máximo posible, pues en el país circulan miles de armas ilegales de distintos orígenes”, ratificó.
Actualmente hay un universo de 207,172 licencias vencidas, sin embargo, las 23,175 restantes no serán canceladas inmediatamente, ya que por su fecha de vencimiento (después del 16 de febrero) se tiene 90 días para la regularización.
Irregulares. En tanto, el Ministerio del Interior informó que se cancelaron 195 licencias de armas que fueron obtenidas tras falsificaciones en el examen teórico, licencia de autorización de caza o certificado de salud mental.
De igual modo, se canceló, a través del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), la licencia de unas 2213 armas. Asimismo, tras cruzar información con el Reniec, se procederá a dejar sin efecto 18,916 permisos a nombre de personas ya fallecidas.
EL DATO:
La circulación de armas y municiones en el “mercado negro” contribuye al accionar delictivo.
Alistan programa frontal contra portadores ilegales
La circulación de armas y municiones en el “mercado negro” contribuye al accionar delictivo.
107 permisos vencidos para uso de armas pertenecen a personas que se encuentran fuera del país, se indicó.
“Portar un arma ilegal es cárcel por delito flagrante. La pena es de seis años a más de prisión efectiva”, ratificó el ministro del Interior, Carlos Basombrío.
El uso de armas debe ser solo para personas aptas.
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