La defensa del expresidente peruano Alejandro Toledo solicitó hoy a un tribunal que le otorgue el hábeas corpus denegado en primera instancia contra la orden de ingreso en prisión que pesa en su contra por supuestamente haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
El abogado de Toledo, Heriberto Benítez, pidió a la Segunda Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima que declare fundado el hábeas corpus rechazado en marzo por el 41 Juzgado Penal de Lima.
El letrado argumentó que el Poder Judicial no respetó los derechos fundamentales de Toledo cuando el juez Richard Concepción, titular de la Primera Sala de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, dictó en febrero la orden de captura contra Toledo y su ingreso en prisión de manera preventiva por 18 meses.
Por su parte, la representante de la procuraduría del Poder Judicial solicitó que se ratifique el fallo del 41 Juzgado Penal de Lima bajo el argumento de que el solicitante del hábeas corpus no presentó la documentación completa para su recurso de apelación.
La sala, presidida por el juez Carlos Flores e integrada por los jueces Ángela Bascones y Jorge Barreto, dejó al voto su decisión, que resolverá en los próximos días.
Toledo tiene dos órdenes de captura internacional, una por el caso Odebrecht y otra segunda dictada en abril por el presunto delito de lavado de activos en el caso Ecoteva, nombre de la empresa a nombre de su suegra, Eva Fernenbug, con la realizó millonarias compras inmobiliarias en Perú tras dejar la Presidencia.
En el caso Odebrecht, la Fiscalía imputa a Toledo los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos al presuntamente recibir los sobornos de Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en la licitación de la Carretera Interoceánica del Sur.
Desde que comenzaron las imputaciones en su contra, Toledo se encuentra en California (Estados Unidos), donde reside habitualmente, aunque la policía internacional (Interpol) aún no comunica su ubicación a las autoridades peruanas, según informó este miércoles la Corte Superior de Justicia de Lima.
Las investigaciones de los pagos irregulares realizados por Odebrecht en Perú se centran en averiguar el rastro de los 29 millones de dólares que la compañía brasileña admitió a la Justicia de Estados Unidos haber pagado a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014.
Ese período abarca los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
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