Una nueva crisis política ha estallado en Perú, tras el allanamiento de la residencia de la presidenta de Perú Dina Boluarte y del Palacio de Gobierno por parte de un equipo policial y fiscal en busca de relojes de lujo no declarados por la mandataria.
La impactante imagen del equipo forzando la cerradura marcó la jornada, durante la cual la presidenta denunció ser víctima de un procedimiento arbitrario y abusivo.
Estos son los puntos clave:
Ausencia en la Fiscalía
Boluarte fue citada por el Ministerio Público para el martes y miércoles de esta semana para presentar los relojes en cuestión y testificar, respectivamente, pero no asistió a ninguna de las convocatorias.
Medios locales informaron que la defensa de Boluarte solicitó reprogramar las citas debido a la apretada agenda de la mandataria.
A pesar de ello, el fiscal general interino, Juan Carlos Villena, afirmó que la presidenta estaba actuando de manera rebelde, mientras que el fiscal supremo Hernán Mendoza declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que estaba obstruyendo la investigación.
El Ministerio Público inició una diligencia preliminar contra Boluarte el 18 de marzo por presunto enriquecimiento ilícito al no declarar los relojes de lujo ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Los allanamientos
Poco antes de la medianoche del viernes, un equipo de unos 20 fiscales y una cantidad similar de policías llegaron a la residencia de Boluarte en Surquillo, Lima. Ante la falta de respuesta al llamar a la puerta, rompieron la cerradura y entraron.
Cinco horas después, salieron con maletines hacia su siguiente destino: el Palacio de Gobierno, donde estuvieron allanando el despacho y la zona residencial durante varias horas.
La orden judicial, emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, autorizó el allanamiento, incluso con fuerza si fuera necesario, de la residencia de Boluarte, a quien se le atribuye presunta autoría en los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de declaración en documentos.
Respaldos gubernamentales
Poco después de que terminara el registro en el Palacio de Gobierno, el primer ministro Gustavo Adrianzén, acompañado de varios miembros del gabinete y el abogado de la presidenta, calificó la medida como desproporcionada, ilegal e inconstitucional.
“Lo que están haciendo es politizar y evidenciar que se ha politizado la justicia en un hecho sin precedentes que ataca la institucionalidad democrática y la presidencia, evidenciando el deterioro del sistema democrático y la constitucionalidad”, afirmó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana.
El abogado Mateo Castañeda afirmó que el allanamiento fue innecesario e injustificado, y que movilizar a tantos fiscales y policías para buscar unos relojes carece de proporcionalidad con el propósito de la diligencia.
Durante la jornada, las cuentas oficiales en redes sociales de varios ministerios, como Interior o Desarrollo Agrario, así como todos los ministros, respaldaron a Boluarte y rechazaron la intervención fiscal y policial.
División entre congresistas
Mientras el país esperaba las declaraciones de Boluarte, el allanamiento dividió a los partidos políticos peruanos entre aquellos que vieron una oportunidad para solicitar nuevas elecciones y criticar a la mandataria, y aquellos que criticaron el allanamiento y la apoyaron.
Entre los primeros se encontraba el partido marxista al que pertenecía la presidenta, Perú Libre, que presentó una moción de vacancia (destitución) en su contra en el Congreso, con la firma de 26 parlamentarios de los 130 que componen la cámara.
Sin embargo, la mayoría de las formaciones políticas conservadoras, como Fuerza Popular, Renovación Popular o Somos Perú, describieron el allanamiento como un “espectáculo” o “abuso de poder”, mostrando su apoyo a Boluarte.
Pronunciamiento sin explicación de Boluarte
En medio de gran expectación, la presidenta hizo un pronunciamiento junto a su gabinete, describiendo lo sucedido en su residencia y en el Palacio de Gobierno como “arbitrario, abusivo y desproporcionado”, afirmando que nunca ha rechazado ni se ha rebelado ante la investigación fiscal.
No abordó el tema de los relojes, argumentando que su abogado le ha aconsejado que solo hable de este asunto en la Fiscalía, donde aclarará los hechos “lo antes posible”.
Además, culpó a los medios de organizar una campaña de acoso en su contra y difundir noticias falsas y tendenciosas durante meses. Reiteró que dejará el cargo en 2026 con las manos limpias.
Durante el día se supo que el Poder Judicial admitió a trámite un habeas corpus presentado por la defensa de la presidenta para declarar nula la diligencia de allanamiento de su residencia.
Según su abogado, Boluarte declarará ante el Ministerio Público el viernes 5 de abril. Mientras tanto, programas periodísticos anunciaron que revelarán detalles sobre lo encontrado por el equipo fiscal en su domicilio, algo que la población peruana desea conocer.