Falta de conectividad, colegios sin servicios básicos y sistemas que no se integran limitan la viabilidad de las iniciativas digitales.

A días de las Elecciones Generales 2026, los planes de gobierno han puesto a la tecnología como eje para enfrentar problemas como la inseguridad, la crisis del sistema de salud o el desorden en el transporte. Sin embargo, detrás de propuestas como inteligencia artificial, interoperabilidad de datos o digitalización masiva, surge una advertencia clave: el Estado peruano aún no tiene las condiciones para sostener esa transformación.

“Quieren comprar tecnología de última generación, pero no tenemos la capacidad para manejarla”, afirma Gabriel Gonzales, director de Asuntos Públicos y Comunicaciones en Síntesis Consultoría, tras analizar las propuestas presentadas por equipos técnicos y candidatos en foros sobre innovación en políticas públicas.

En estos espacios hubo coincidencias claras: historias clínicas electrónicas, telemedicina, cámaras inteligentes y plataformas interoperables. Pero al revisar la viabilidad de estas iniciativas, aparecen limitaciones estructurales.

Brechas básicas que frenan la digitalización

El primer problema está en lo básico. En el país existen más de 55 mil colegios públicos y cerca de la mitad no cuenta con saneamiento físico-legal, lo que impide intervenir su infraestructura. “¿Cómo vas a entregar tablets si hay colegios que no tienen electricidad?”, cuestiona Gonzales.

A esto se suma la conectividad: alrededor de 8 millones de peruanos no tienen acceso a redes 4G, lo que limita servicios como la educación virtual o la telemedicina.

En salud, la fragmentación tecnológica es otro obstáculo. Hoy conviven hasta 12 sistemas distintos que no se comunican entre sí, incluso dentro de una misma entidad. “La IA funciona sobre data ordenada y conectada. Hoy eso no existe en el país”, explica.

Capacidad estatal y riesgo de “chatarra tecnológica”

En seguridad, propuestas como reconocimiento facial o mapas predictivos enfrentan barreras legales y de infraestructura. Muchas comisarías no pueden ser intervenidas por problemas de saneamiento físico-legal. En transporte, la falta de coordinación entre entidades con competencias cruzadas frena la implementación de soluciones integradas, pese a que la información ya existe.

Para Gonzales, el problema de fondo es la capacidad del Estado para ejecutar y adaptarse. Incluso procesos relativamente simples, como la implementación de plataformas digitales, han tomado años y aún no se completan. “No es solo un tema de tecnología, es un tema de gestión y de cómo funciona el Estado”, señala.

Este escenario también abre un riesgo: la compra de equipos sin planificación ni mantenimiento, que terminan fuera de uso.

Pese a ello, hay oportunidades. El país enfrenta un déficit de alrededor de 15 mil médicos, especialmente en zonas alejadas. En ese contexto, la telemedicina aparece como una alternativa viable, siempre que se implemente de manera progresiva.

Para Gonzales, el principal reto no pasa solo por incorporar tecnología, sino por resolver las limitaciones estructurales que hoy condicionan su implementación. “Avanzar en esos aspectos será clave para que las propuestas planteadas en campaña puedan traducirse en resultados concretos”, finalizó.