En segunda instancia, que debería cerrar el caso en la vía administrativa, el Congreso ratificó su rechazo al pedido del expresidente Pedro Castillo para acceder a una pensión vitalicia mensual de S/15,600 en su calidad de ex jefe de Estado.
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El expresidente Pedro Castillo busca que se le dé tal pensión como a otros exmandatarios.
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Incluso el expresidente suicida Alan García, cuando era investigado penalmente, recibió tal pensión que dejó luego a su hijo entonces menor de edad y a su viuda, doña Pilar Nores.
Congreso dice que no
Sin embargo, Pedro Castillo tendrá que esperar más, porque pensión no tendrá al menos por ahora.
Al respecto, la Dirección General de Administración del Congreso destacó que “el Congreso ha formulado acusación constitucional” contra Pedro Castillo (por organización criminal, tráfico de influencias y colusión), de tal que el derecho del expresidente a una pensión vitalicia “queda en suspenso hasta que no exista una sentencia judicial que lo declare inocente”.
Da sus argumentos
Pedro Castillo argumentó que “ya había adquirido el derecho a pensión vitalicia, mientras que la denuncia constitucional fue aprobada con posterioridad, cuando el derecho a pensión ya lo había adquirido constitucionalmente”. “Querer desconocer este derecho posteriormente resulta arbitrario e ilegal” y “al estar investigado todavía (se) goza de la presunción de inocencia”, alegó.
Congresistas lo abandonaron
Walter Ayala, abogado de Pedro Castillo, anunció una acción amparo para que el Poder Judicial disponga la pensión vitalicia.
Acotó que el exmandatario reo en la Diroes se siente abandonado y dijo que los congresistas elegidos con Perú Libre son “desagradecidos con Castillo al no apoyarlo” y les pidió que “se pongan una mano en el corazón y otra en el bolsillo y aporten para la defensa del expresidente”.
¿Fujimori sí va a cobrar?
Por su parte, Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, dijo estar seguro de que su cliente sí recibirá la pensión vitalicia de S/15,600 mensuales.
Elio Riera dijo que un acuerdo de Mesa Directiva del Congreso de 2017 no señala que se prohíbe beneficio a expresidentes sentenciados, por lo que esa ley del 1995 que establece restricción a sentenciados ya no se debe aplicar a Fujimori al existir del Congreso un pronunciamiento posterior en distinto sentido.
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