Al reaccionar ante la investigación que se le abrió como cabecilla de una presunta organización criminal que negocia con congresistas, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se rodeó de fiscales provinciales y apenas dos superiores para aferrarse al cargo y señalar que ella enfrenta al delito.
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Eso sucede mientras sobre Patricia Benavides pende una grave denuncia de ser presunta cabecilla de una organización criminal, hecho que de ser probado amerita una pena de hasta 25 años de prisión.
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Por el delito de organización criminal la pena va hasta los 15 años y hasta 25 años en caso de ser agravado. Patricia Benavides está acusada de liderar una organización criminal que negociaba votaciones en el Congreso de la República, al canjear favores a cambio de impunidad para legisladores investigados por el Ministerio Público.
Se aferra a cargo
“No temo a las represalias que puedan seguir tomando (...) porque mi compromiso con los derechos humanos (…), con la obligación que tenemos como fiscales (…), (que) son más grandes que cualquier amenaza o intimidación, como los recientes actos (…) que tienen como propósito amedrentarme para no continuar con la lucha contra la impunidad”, indicó la magistrada Patricia Benavides.
Denuncia a Dina
Patricia Benavides descartó que renuncie a ser fiscal de la Nación y presentó al Congreso una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola; y los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero por homicidio calificado en agravio de las víctimas de las protestas sociales en 2023 y 2024.
Destituye a otros
Además de dar por concluida designación de Jaime Villanueva (su supuesto operador en una mafia) como gerente central del Despacho de la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides separó a la fiscal Marita Barreto como coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder.
Esa y las últimas remociones de fiscales han sido señaladas como indicio de que se buscaría cortar pesquisas contra algunos políticos.
No retrocederá ante “presión e injerencia externa”, dijo Patricia Benavides.
La Junta Nacional de Justicia evalúa acciones en sesión permanente por las imputaciones contra la fiscal de la Nación.
Implicados
Según la tesis de la Fiscalía, los congresistas implicados en la presunta mafia integran tres grupos en razón a los procesos investigatorios que tienen en trámite en el despacho de la Fiscalía de la Nación.
En el grupo de Niños 1 están Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza e Ilich López, investigados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.
Los Niños 2
En el grupo de los Niños 2 están Edwin Martínez, Luis Aragón, Hilda Portero, Carlos Zeballos, Francis Paredes, Óscar Zea, Katy Ugarte, Paúl Gutiérrez, Segundo Quiroz, Edgar Tello y Américo Gonza, con investigación fiscal por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Los Niños 3
En el grupo de los Niños 3 están María Acuña, María Agüero, Guido Bellido, Guillermo Bermejo, Digna Calle, Isabel Cortex, Víctor Cutipa, Alex Flores, Luis Kamiche, Nieves Limachi, Jorge Marticorena, Heidy Juárez, Segundo Montalvo, Alfredo Pariona, Luis Picón, Kelly Portalatino, Wilson Quispe, Abel Reyes, Janet Rivas, Silvana Robles, Rosio Torres, Cheryl Trigozo, Elías Varas, Lucinda Vásquez, Magaly Ruiz y Karol Paredes.
Son investigados presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio, al haber recibido pagos ilícitos a cambio de votar en contra de la moción de interpelación al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, en noviembre de 2021.
