El Congreso de la República aprobó la creación de una comisión multipartidaria que investigará presuntas irregularidades o actos ilícitos cometidos en los primeros días del gobierno del presidente Pedro Castillo.
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Por 68 votos a favor, 37 en contra y 9 abstenciones, la representación nacional aprobó un texto sustitutorio presentada por la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) para investigar los hechos del 28 de julio al 1 de agosto.
Según el documento, en un plazo de 30 días calendario dicho grupo de trabajo, integrada por un representante de cada bancada, deberá indagar las “presuntas irregularidades o presuntos actos ilícitos cometidos durante los primeros días de gobierno del señor Presidente de la República”.
En los considerandos, refiere que tras la juramentación de Castillo Terrones, el 28 de julio, se han presentado “una serie de irregularidades que vienen afectando al buen gobierno, generando tensión y zozobra en la población”.
También cita un informe de la Contraloría General de la República, que advierte “falta de transparencia” en la agenda del mandatario que podría acarrear responsabilidad no solo política, sino también penal por parte de sus involucrados.
Detalla que en lo que va del gobierno de Pedro Castillo, no existen “controles o mecanismos institucionales que transparenten su gestión, no teniéndose conocimiento de las reuniones que ha llevado acabo (sic), ni del registro de visitas, ni de la agenda oficial que ha cumplido, así como ningún otro acto de coordinación o gestión que sirva para la toma de decisiones”.
“Por estos motivos, los hechos descritos revisten alta gravedad y resulta de interés público conocer si efectivamente existieron o no las presuntas irregularidades”, precisa al señalar que también se debe investigar quiénes son las personas que resulten responsables de estos actos.
Al respecto, la congresista Patricia Chirinos lamentó que algunos congresistas hayan mostrado su oposición a la formación de dicha comisión, pese a que solo es una respuesta a un llamado de atención de la Contraloría General de la República.
“Lo único que se busca es investigar lo que ha llamado la atención la propia Contraloría, que el actuar el presidente de la República vulnera el principio de transparencia de la gestión pública”, acotó.
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