Daniel Soria, procurador general del Estado, respondió a la resolución del Ministerio de Justicia que lo suspendió temporalmente de sus funciones como parte de un proceso disciplinario en su contra. El abogado calificó de arbitraria y basada fundamentos jurídicamente equivocados.
MIRA: ANC del Ministerio Público rechaza apelación del fiscal Rafael Vela y ratifica su suspensión por 8 meses
“Es una decisión absolutamente arbitraria que se basa en fundamentos jurídicamente equivocados y que ha tenido su origen en la apertura de un procedimiento disciplinario interno de la institución, que se me notificó el martes”, explicó Soria para RPP.
“Yo tenía plazo para dar mis descargos, pero en pleno plazo se emite esta decisión de medida provisoria de suspensión”, agregó el abogado.
En ese sentido, el procurador general del Estado expresó su preocupación por el impacto negativo de esta medida, pues considera que debilitará la institución.
“Lamentablemente este tipo de situaciones, otra vez, va a debilitar a la Procuraduría General del Estado y eso es una situación absolutamente insostenible en un país que necesita lo contrario que es reforzar las instituciones de lucha contra la corrupción”, comentó.
Además, Soria mostró su determinación para defenderse utilizando todas las herramientas legales disponibles.
“Yo soy un abogado, profesor de derecho y me queda claro que hay un acto administrativo de suspensión que el derecho me exige cumplir. Pero eso no implica que no me defienda. Yo me defenderé con las armas de derecho, sé cómo hacerlo y creo que esta es una decisión equivocada que está afectando a esta institución que tanto ha sufrido por este tipo de actos”, aseguró.
¿Por qué suspendieron a Daniel Soria?
La resolución de suspensión fue emitida por una comisión ad hoc del Ministerio de Justicia, como parte del proceso disciplinario que se inició el 16 de noviembre, Dicho documento suspende temporalmente sus funciones como procurador.
Dicha resolución fue firmada por el viceministro de Justicia, Walther Javier Iberos Guevara y el viceministro de Derechos Humanos, Luigino Pilotto Carreño.