La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción continuará participando como “actor civil” en la investigación contra el congresista José Luna Gálvez y otros implicados en presuntas irregularidades en la inscripción de Podemos Perú ante la ONPE.
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La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazó los recursos de apelación presentados por los abogados del legislador, su hijo José Luna Morales y Ricardo Pajuelo Bustamante, confirmando así la decisión del Juez Jorge Chávez Tamariz de incluir a la Procuraduría como parte agraviada en el proceso.
La resolución del tribunal, emitida el 20 de marzo y a la que RPP tuvo acceso, ratifica que la decisión inicial del juez está legalmente fundamentada y no presenta fallas en su motivación.
Esto implica que la Procuraduría podrá seguir exigiendo reparaciones civiles, incluyendo una propuesta de 10 millones de soles que los implicados deberían pagar solidariamente al Estado peruano por delitos como organización criminal y cohecho activo específico, según las acusaciones de la Fiscalía.
Además, se especifica que la Procuraduría Anticorrupción también ha solicitado pagos individuales, como los 100 mil soles que José Luna Gálvez debería abonar por daño extrapatrimonial, junto con otras demandas similares para exfuncionarios de la ONPE relacionadas con patrocinio ilegal y uso de documento falso.
La resolución judicial, avalada por la Sala Penal de Apelaciones, otorga a la Procuraduría Anticorrupción la facultad de perseguir estas reparaciones civiles en caso de que los acusados sean encontrados culpables. La defensa del Estado ha dejado claro que podría aumentar las demandas de reparación dependiendo de la evidencia adicional que surja durante el proceso.
José Luna Gálvez también enfrenta otra investigación por presuntos aportes ilegales de empresas brasileñas a campañas electorales pasadas, sumando así un panorama legal complejo para él y los implicados en estos casos de corrupción.
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