La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó el informe de calificación para admitir a trámite la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y sus exministros por la disolución del Congreso en 2019, con 15 votos a favor, uno en contra y una abstención, el pasado martes.
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La denuncia involucra a los exministros Vicente Zeballos (Justicia), Carlos Morán (Interior), Jorge Moscoso (Defensa), Carlos Oliva (Economía), María Jara (Transportes), Luis Castillo (Cultura), Zulema Tomás (Salud), Flor Pablo (Educación), Sylvia Cáceres (Trabajo), Francisco Ísmodes (Energía y Minas), Gloria Montenegro (Mujer), Paola Bustamante (Desarrollo e Inclusión Social), Rocío Barrios (Producción), Fabiola Muñoz (Agricultura), Lucía Ruiz (Ambiente) y Néstor Popolizio (Cancillería), así como a los exmagistrados del Tribunal Constitucional (TC) Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda.
La denuncia constitucional fue presentada por los congresistas Patricia Chirinos (Avanza País) y Alejandro Muñante (Fuerza Popular), quienes solicitan la inhabilitación de diez años para ejercer cargos públicos para los implicados.
La iniciativa ahora pasará a la Comisión Permanente, que, de aprobarla, encomendará a la misma subcomisión designar a un delegado para elaborar el informe final.
La disolución del Congreso en 2019 ocurrió después de que Martín Vizcarra considerara negada la cuestión de confianza presentada por el entonces jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, debido al proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC).
En 2023, el Tribunal Constitucional dictaminó que la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza por parte del Poder Ejecutivo contradice la Constitución, resolviendo así el debate entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre dicha figura. La institución señaló que es competencia del Congreso determinar su rechazo, rehusamiento y negación ante la propuesta del Poder Ejecutivo.
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