Desde junio del 2014, la población indígena kukama kukamiria vive una pesadilla. Un derrame de más de 2300 barriles de petróleo, que provino del Oleoducto Norperuano, operado por la empresa Petroperú, envenenó las aguas y la vida de la comunidad, en la quebrada de Cuninico, en el distrito de Uraninas, en la región Loreto.
El desastre ambiental produjo la contaminación de este afluente del río Marañón e impactó sobre la salud y vida de la población que, diez años después del derrame, aún tiene dificultades para obtener agua y sigue pidiendo justicia.
A pesar de las promesas incumplidas y las evidencias científicas, Petroperú se resiste a aceptar que hubo una afectación a la población. Mientras tanto, la comunidad sufre enfermedades, pérdida de sus medios de vida y la incertidumbre de un futuro contaminado.
Para evidenciar estos casos, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) lanzó la campaña #HazteCargo, con el fin de tomar acciones inmediatas para enfrentar los daños ecológicos y promover una mayor protección a las comunidades indígenas de la Amazonía peruana.
Según información de la campaña, en la Amazonía peruana se han producido más de 70 derrames de petróleo en las últimas dos décadas han afectado gravemente la selva amazónica y sus habitantes. La explotación de recursos naturales sin control y la contaminación del Oleoducto Norperuano han dejado heridas abiertas en la población, entre ellas la comunidad nativa kukama kukamiria en la región Loreto.
Sobre el caso Cuninico, Galo Vásquez Silva, apu de la comunidad nativa de Cuninico y representante de la Federación de Pueblos Cocama Unidas del Marañón, denunció que “el agua de la quebrada está envenenada. No tenemos suficiente agua y a veces tenemos que esperar la lluvia, pero ahora es agosto y hace sequía”.
Refirió que, a pesar de que el Ministerio de Vivienda inició obras para garantizar el acceso al agua potable, estas aún no han concluido. Aseguró que un estudio del 2023 efectuado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), “corroboró que aún hay contaminación, tanto en el agua y suelo de las comunidades”.
El último viernes 16 de agosto, representantes de las comunidades afectadas por el derrame de petróleo en Cuninico, incluyendo Nueva Santa Rosa, San Francisco y Nueva Esperanza, se enfrentaron a Petroperú en una audiencia judicial en Nauta.
La empresa estatal, a través de su representante legal, Sonia Sandoval Peralta, intentó minimizar los impactos del desastre ambiental ocurrido en 2014.
Sin embargo, la abogada constitucionalista del Instituto de Defensa Legal (IDL) y representante legal de los afectados, Maritza Quispe, recordó que la sentencia del Tribunal Constitucional (828/2020), la cual ordena la compensación por el derrame, es contundente. “Petroperú intenta minimizar los impactos, pero la sentencia es clara: deben compensar”, afirmó Quispe que resaltó que la audiencia no era para determinar si hubo daño o no, sino para exigir a la empresa estatal que cumpla con la compensación a los afectados.
Un caso que sienta precedente
El caso Cuninico es emblemático. Por primera vez, OEFA reconoció la responsabilidad de Petroperú y el daño causado. Este precedente ha servido para otros casos como Imaza y Morona, donde la empresa también fue multada por negligencia.
Por ello, la comunidad de Cuninico y sus representantes legales seguirán luchando por justicia. “La demora es inaceptable. Los procesos constitucionales deben ser rápidos, pero Petroperú se resiste a cumplir”, afirmó Quispe.
