La extorsión no solo se ha expandido a todo el territorio nacional y está afectando cada vez a más grupos económicos, sino también viene perpetrándose bajo nuevos términos criminales y con mayor severidad.
Esto lo viven en carne propia los bodegueros, quienes hasta hace un año eran obligados por los extorsionadores a pagar un monto para dejarlos operar, pero actualmente, quienes son víctimas de este delito, deben hacerlo periódicamente.
“Ahora es el cobro constante de cupos: te piden un monto de dinero que puede ser semanal, quincenal o mensual y esto ya se (aplica) en todos los distritos de Lima periférica”, manifestó el presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy, a RPP.
Cadena perpetua para los delitos de extorsión y terrorismo urbano
El representante consideró que hoy en día el panorama de criminalidad “es muy complicado” y el estado de emergencia decretado por el gobierno en 14 distritos de Lima y el Callao no será una medida efectiva.
“Es una medida populista. No vemos un planteamiento de estrategia clara que permita (proteger) a las bodegas y todos los comercios (farmacias, restaurantes, ferreterías)”, anotó tras detallar que hasta julio de este año la asociación reportó 9 mil 800 casos de extorsión.
INFORMALES. Quien también cuestiona la medida del Ejecutivo es la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, quien detalló que los extorsionadores ahora tienen como blanco tanto a comerciantes formales como informales.
“Cualquier ambulante que se pone en alguna parte de Gamarra paga obligado. Y también se convierte en el ‘alimento’ para las organizaciones criminales, para que tengan armas, más gente, brazos armados”, señaló.
TEMOR. Según un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la percepción de inseguridad sigue aumentando en el país y alcanza al 85.9 % de la población del área urbana.
Específicamente, ha crecido la cantidad de personas que se ven vulnerables ante extorsionadores pues ahora tres de cada diez peruanos cree que será víctima de este delito, lo que revela un aumento de 7 % en un año.
OJO AL DATO. Los micro, pequeños y grandes empresarios instaron al Congreso a que se elimine la reciente ley sobre crimen organizado.
