El Congreso de la República vuelve a encender el tablero de las apuestas deportivas y juegos en línea. Tras las observaciones del Ejecutivo, el pleno debatirá un texto sustitutorio que modifica la autógrafa del PL 9645, referida a la Ley 31557, la norma que regula toda la actividad del mercado digital del juego en el Perú.

Los ajustes incorporados buscan corregir vacíos tributarios, precisar competencias regulatorias y ordenar el esquema fiscal aplicable a esta actividad, según se desprende del documento revisado.

De acuerdo con la propuesta, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) podrá modificar las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) dentro de un rango que va del 0.3% al 7% tanto para juegos a distancia como para apuestas deportivas a distancia. El límite superior responde a la necesidad de evitar cargas confiscatorias, tomando como referencia el tope de 20% establecido por el Tribunal Constitucional en su sentencia del año 2001.

Además, el texto plantea triplicar de manera inmediata la tasa, pasando de 1% a 3% a partir de la publicación de esta norma.

La congresista Lady Camones, expresó que otro de los cambios relevantes es la eliminación de la sección referida a la manipulación de resultados deportivos, tema que ya fue tipificado mediante una ley previa impulsada por la congresista Diana Gonzales. Con esto, el Congreso evita duplicidades normativas y mantiene el enfoque de esta iniciativa en aspectos tributarios y regulatorios.

“El texto sustitutorio mantiene el espíritu de la iniciativa original respecto a la corrección de la distorsión en el pago del ISC entre operadores domiciliados y no domiciliados, de modo tal que, a partir de la publicación de esta norma, todas las empresas —peruanas o extranjeras— pasarían a ser las obligadas al pago del impuesto, bajo un criterio de no discriminación tributaria”

Para los impulsores de estas modificaciones, los ajustes propuestos no solo corrigen vacíos técnicos, sino que generan un impacto social inmediato: al reincorporar a las personas naturales con negocio en la actividad, más de 500 mil familias de bodegueros en todo el país podrían acceder nuevamente a una fuente formal y regulada de ingresos.

Señalan que esta reforma no solo ordena el mercado, sino que democratiza oportunidades y convierte a la regulación en un instrumento de equidad económica para pequeños comercios que habían quedado excluidos por la norma original.