Un enfrentamiento vienen protagonizando el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) a raíz de un proyecto que modifica el Decreto Legislativo N° 1280, el cual aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
Para la Sunass, con dicho cambio que ha planteado el propio sector, existe riesgo de injerencia política por parte del MVCS para fijar tarifas de agua potable y, en la práctica, elimina la función reguladora y de determinación de tarifas, que ha venido cumpliendo, lo que finalmente vulnera su autonomía.
“La propuesta implicaría el reajuste de tarifas sin el previo cumplimiento de metas establecidas por el regulador (...), es decir, sin la mejora en la prestación de la calidad de los servicios”, señaló en un comunicado y su presidente, Mauro Gutiérrez, lo ratificó.
Medio millón de personas tienen agua potable menos de 9 horas al día en Lima y el Callao
Frente a ello, el MVCS rechazó la posición de la Sunass y la calificó de una actitud de antitécnica. “A través de la delegación de facultades no se pretende regular las tarifas de los servicios de agua potable y saneamiento, ni afectar la autonomía del organismo regulador, único responsable de la fijación de tarifas”, refirió también en un comunicado.
La titular de dicha cartera, Hania Pérez de Cuéllar, dijo que respeta la labor de la Sunass, pero su sector “puede establecer los lineamientos de la política pública- nacional sobre el tema de agua”.
El exministro de Vivienda, Edmer Trujillo, lamentó que las dos instituciones hayan hecho público sus diferencias y dijo que ello demuestra la incapacidad para ponerse de acuerdo sobre las demandas del sector.
Opinó, además, que el decreto sí requiere cambios, y deben estar orientadas a fortalecer a los prestadores de servicios de saneamiento.
