La Procuraduría General del Estado (PGE) detectó que una deficiente gestión de la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República habría puesto en riesgo la recuperación de más de 22 millones de soles correspondientes a indemnizaciones ordenadas por el Poder Judicial a favor del Estado.
Así lo concluye el Informe N.° 000548-2026-JUS/PGE-DAJP, elaborado por la Dirección de Aplicación Jurídico Procesal, que analizó la actuación de la Procuraduría de la Contraloría entre los años 2016 y 2025.
La investigación determinó que, en lugar de continuar con la ejecución de las sentencias para cobrar las reparaciones civiles, la Procuraduría de la Contraloría remitía los expedientes a las entidades afectadas para que estas realizaran el cobro. Sin embargo, dichas instituciones no tenían la representación legal para ejecutar las resoluciones judiciales, por lo que en numerosos casos los procesos quedaron paralizados, fueron archivados o recibieron observaciones de los jueces.
El informe también revela que durante el periodo evaluado se presentaron 2,565 demandas civiles, pero únicamente 194 obtuvieron sentencias favorables, cifra que representa apenas el 7.56 % del total.
Ante estas irregularidades, la Procuraduría General del Estado declaró de oficio la nulidad del procedimiento interno que permitía trasladar la ejecución de las sentencias a otras entidades, al considerar que contravenía lo establecido en el Decreto Legislativo N.° 1326.
La PGE señaló que la medida busca garantizar que las procuradurías públicas cumplan directamente con la ejecución de las sentencias judiciales y evitar que el Estado deje de recuperar recursos provenientes de procesos judiciales ya ganados.
