El ingreso ilegal de ropa usada al Perú no sería un fenómeno aislado de comercio informal. Una investigación presentada por el Observatorio de Lucha contra el Comercio Ilícito (OLCI) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) advierte que detrás de esta actividad existe una cadena transnacional vinculada al contrabando, fraude documentario, corrupción y otras economías ilícitas.
El estudio “La cadena de suministro de la ropa usada en Perú: Tráfico, contrabando y contaminación de desechos textiles”, elaborado por el Instituto de Criminología, identifica 11 eslabones, 32 actividades y 88 tareas dentro de esta cadena ilegal. Además, detecta 24 puntos donde la ropa termina convertida en residuo, generando impactos ambientales.
Una misma ruta para varios delitos
Uno de los principales hallazgos de la investigación es que las organizaciones dedicadas al ingreso ilegal de ropa usada compartirían corredores y operadores logísticos con otras actividades criminales.
“En el Perú no existen rutas aisladas para cada delito”, explicó Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología. Según señaló, un mismo transporte utilizado para ingresar ropa usada por la frontera sur puede ser empleado también para movilizar mercurio ilegal, armas o personas, así como para actividades vinculadas al narcotráfico.
El estudio señala a Chile como la principal puerta de ingreso de ropa usada hacia Sudamérica, mientras que una parte importante de estos cargamentos terminaría ingresando ilegalmente al Perú por las fronteras con Chile y Bolivia.
Las organizaciones utilizarían diversas modalidades para trasladar la mercancía, entre ellas camiones de carga, buses interprovinciales, vehículos particulares, pasos fronterizos no habilitados, el denominado “tráfico hormiga” y rutas lacustres por el lago Titicaca.
El negocio continúa en las plataformas digitales
La cadena ilegal tampoco terminaría en la frontera. Una vez dentro del país, la ropa sería almacenada, clasificada y distribuida mediante redes de mayoristas y minoristas que recurren cada vez más a plataformas digitales, redes sociales y servicios de encomiendas para llegar a compradores de distintas regiones.
Esta modalidad, según el OLCI, amplía el mercado y dificulta la fiscalización de las autoridades.
El organismo planteó, por ello, que el Estado no concentre sus esfuerzos únicamente en los pequeños comerciantes, sino que priorice la identificación y desarticulación de las organizaciones que financian, transportan y distribuyen mercancías ilegales.
Piden más inteligencia en las fronteras
Entre las medidas propuestas figura el fortalecimiento de la capacidad operativa de la Aduana mediante sistemas de gestión de riesgos, herramientas digitales e inteligencia de datos.
El OLCI también planteó una mayor coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial para atacar las estructuras criminales detrás del negocio, además de reforzar la fiscalización municipal de los establecimientos donde se comercializa ropa usada de procedencia ilegal.
El presidente de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la SNI, Ricardo Gutiérrez Rojas, sostuvo que las políticas públicas deben partir de evidencia para identificar los puntos críticos de esta cadena.
“No estamos frente a un comercio informal aislado”, afirmó, al señalar que la problemática involucra comercio ilícito, fraude documentario, corrupción, contaminación ambiental y dinámicas asociadas al crimen organizado.
Un problema que también golpea al ambiente
La investigación advierte que el impacto de esta actividad no se limita a las pérdidas económicas o a la competencia desleal contra la industria formal. La cadena de suministro también genera residuos textiles.
El OLCI considera que la lucha contra el comercio ilícito y la protección ambiental deben abordarse como una misma agenda, debido a que una parte de las prendas que ingresan y se comercializan fuera de los canales formales termina convertida en desecho.
Para enfrentar esta problemática, el gremio considera clave fortalecer el control fronterizo, mejorar la inteligencia aduanera, fiscalizar el comercio electrónico y atacar los centros de acopio y distribución que permiten que esta economía ilegal se mantenga activa.
La presentación del estudio incluyó un conversatorio sobre la problemática de la ropa usada en el Perú, con la participación de especialistas de la Universidad del Pacífico, seguridad y del sector textil y confecciones.
