Pese a que la quebrada Río Seco de Carabayllo, en la zona de Villas, fue afectada por huaicos en marzo último, actualmente se están vendiendo lotes en el área e, incluso, luce ocupada con algunos módulos de viviendas prefabricadas, según advirtió la Defensoría del Pueblo.
“Hemos identificado que, aunque esta zona no cuenta con habilitación urbana, ni acceso a servicios públicos básicos, se vienen ofertando varios terrenos para viviendas, en las mismas zonas arrasadas por tres huaicos durante el ciclón Yaku”, dijo la jefa de la oficina en Lima Norte, Estela Lozano.
Así como en este lugar, en el que se pondría en nuevo riesgo a la población ante el fenómeno de El Niño en curso, el órgano defensorial advirtió que parte de las quebradas Molle y Río Seco, en Cieneguilla, también escenarios de huicos este año, están siendo repoblados por personas que adquirieron lotes.
OJO comprobó que a través de redes sociales como Facebook se ofertan terrenos en estas zonas, así como en otras vulnerables de Chosica y Ricardo Palma (Lima).
Gobiernos locales son responsables de adoptar medidas
Según el comisionado de la Adjuntía para Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, Russell Zevallos, los gobiernos locales son responsables de adoptar medidas preventivas para evitar que zonas de riesgo sean habitadas.
Y las principales medidas de las municipalidades deben ser regular el uso del suelo en sus distritos, por medio de una evaluación de riesgo que determine las zonas de alto riesgo no mitigable, y fiscalizar las mismas de forma permanente.
“La evaluación de riesgo es un estudio de alta relevancia para conocimiento del riesgo y una intervención más efectiva”, señaló.
Agregó que si logran asentarse, solo quedará ejecutar acciones para mitigar y reducir daños, como las que se necesitan adoptar con celeridad para proteger a los más de 8 millones de personas que corren peligro frente a El Niño, según el Cenepred.
“Cuanto más se ocupen, habrá más población en situación de vulnerabilidad”, anotó Zevallos.
Zevallos sostuvo que menos de 50 gobiernos locales no designan sus presupuestos para realizar evaluaciones de riesgo.
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