Emergencia por llegada de El Niño

Lluvias intensas, inundaciones severas y huaicos devastadores. Así de desoladoras fueron las consecuencias que el fenómeno de El Niño causó en Perú entre 1997 y 1998 y que se repetirían en los próximos meses.
Eso debido a que la posibilidad de que dicho fenómeno climatológico cíclico alcance una intensidad “extraordinaria”, como en esos años, se encuentra cada vez más cerca de la realidad.
El Poder Ejecutivo es consciente de ese panorama y, por eso, declaró en estado de emergencia por un plazo de 60 días calendario a jurisdicciones de Lima Metropolitana y a 13 regiones del país. Son mil 264 distritos y provincias en emergencia.

Mediante un decreto supremo, el gobierno oficializó la medida “por el peligro inminente ante el periodo de lluvias 2015-2016 y la posible ocurrencia de El Niño”.
Además de los 42 distritos de Lima y Lima Cercado, la disposición incluye a localidades de las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Áncash, Ica, Arequipa, Cusco, Puno y Junín.
Según la norma, durante los 60 días, los gobiernos regionales y locales están obligados a ejecutar acciones inmediatas y necesarias, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Riego, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y otras instituciones públicas y privadas involucradas.

Estas deberán tener la finalidad de reducir el muy alto riesgo existente que, según Ena Jaimes, especialista del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), involucra lluvias e inundaciones en el norte, huaicos en la sierra central y sequías en el sur.
La norma también exige la rehabilitación de las zonas que pudieran verse afectadas para el restablecimiento de los servicios básicos y la infraestructura diversa.
Asimismo, la norma indica que “las acciones que se ejecuten en este periodo pueden ser modificadas de acuerdo a las necesidades y los elementos de seguridad que se vayan presentando, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes”.