El Perú podría quedar relegado a un rol meramente de observador y perder su derecho a voto en la primera Conferencia de las Partes (COP1) del Tratado de Alta Mar (Acuerdo BBNJ) —prevista para enero de 2027 en Nueva York— debido a la falta de decisión política del Poder Ejecutivo para formalizar el pedido de ratificación antes del próximo 11 de diciembre.

​Durante una sesión de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, parlamentarios de diversas bancadas y especialistas diplomáticos cuestionaron que, a menos de un mes del vencimiento del plazo internacional, el Gobierno aún no haya remitido el decreto supremo necesario para iniciar el trámite legislativo.

​Falta de definición en Cancillería

El director general de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos de la Cancillería, embajador Librado Orozco Zapata, reconoció la demora en el proceso y la atribuyó a nuevas consultas internas tras el cambio de autoridades. Aunque recordó que el Perú suscribió el acuerdo en junio de 2025, admitió que el Ejecutivo todavía no ha presentado el instrumento para su ratificación y evitó comprometer una fecha exacta para concretar el envío.

​Ante este escenario, la senadora Ruth Luque (Ahora Nación) criticó la ausencia del canciller Carlos Espá en la sesión y exigió claridad sobre la postura del Gobierno. La legisladora subrayó que el acuerdo regula espacios fuera de las jurisdicciones nacionales —sin afectar las 200 millas peruanas— y resulta clave para acceder a cooperación científica, tecnología y protección de la biodiversidad marina.

​Por su parte, la senadora Patricia Iturregui (Buen Gobierno) cuestionó que el Parlamento deba debatir el tema sin que exista un decreto supremo formal de por medio, mientras que el senador Iber Maraví (Juntos por el Perú) emplazó al Ejecutivo a precisar cuándo remitirá la documentación antes de que venza el plazo de diciembre.

​Interés estratégico nacional

En la misma línea, el embajador en retiro y exdirector general de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos, Nicolás Roncagliolo Higueras, instó a completar el procedimiento a la brevedad. Señaló que el Tratado de Alta Mar constituye una cuestión estratégica de interés marítimo y de política exterior que permitirá al país participar activamente en la formulación de reglas internacionales sobre los océanos, en lugar de quedar excluido de la toma de decisiones.