Keiko Fujimori, amparada en su bullanguera mayoría congresal, ha asumido una posición de intocable.
Nadie puede refutarle ni reclamarle nada, porque inmediatamente suelta a Héctor Becerril y al mismo Salaverry como sus guardaespaldas.
Ahora pretende bajarse a Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, con una acusación constitucional, bajo el alegato de una “omisión de funciones” en el caso Odebrecht.
Lo que no sabe el fujimorismo es que el pueblo está tomando nota de todo este comportamiento abusivo de la candidata y le pasarán la factura en las próximas elecciones.
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