El paro de ayer, que movilizó a transportistas y comerciantes, fue una clara muestra de que la población quiere acción y no palabras por parte de nuestras autoridades para frenar la ola criminal que viene desangrando al país. Cientos de manifestantes, con carteles pidiendo “ni una muerte más”, recorrieron las principales vías de la capital hasta llegar al Congreso. Mercados, negocios en Mesa Redonda, Las Malvinas y Caquetá, así como galerías en el emporio de Gamarra cerraron sus puertas para sumarse a la movilización. Millones de soles se perdieron en el primer día de paro nacional. Más allá del Estado de Emergencia, urge que se promulguen leyes con sanciones severas para los delitos de extorsión y cobro de cupos. Pero que el Ejecutivo y el Legislativo no usen esta situación crítica para poner bajo el mismo paraguas de “terrorismo” todo aquello que se les ocurra, como sancionar las movilizaciones, como se pretende hacer con el proyecto de ley de “terrorismo urbano”, o la ley de “organización criminal” que más favorece al delincuente. Hagan bien las cosas.
