A César Acuña y a su engreído Richard les ha estallado en la cara la decisión de Paolo Guerrero de no mudarse a Trujillo tras recibir amenazas de extorsionadores, pues ellos, sus parientes y su partido llevan por lo menos 15 años al frente del gobierno regional de La Libertad, de diferentes alcaldías y de una considerable bancada en el Congreso, sin que hayan hecho algo para frenar la ola de criminalidad que golpea brutalmente a los liberteños y en especial a los trujillanos que tienen que pagar cupos a delincuentes para no ser asesinados a tiros por sicarios. Los Acuña no pueden ahora hacerse los sorprendidos, pues son quizá los más grandes responsables de lo que allí pasa. ¿Y qué solución plantean luego de década y media? El estado de emergencia y la salida de las Fuerzas Armadas a las calles, como si la tropa se fuera a enfrentar a hampones que operan desde dentro de los penales o a través de llamadas extorsivas como las que recibió doña Peta apenas su hijo firmó contrato. De terror.
