El congresista Guillermo Bermejo no la tiene fácil, pues al extrabajador de su despacho, Jaime Jara, le acaban de dar 20 meses de prisión preventiva como integrante de una presunta banda dedicaba a pedir coimas a alcaldes de pequeños distritos para ejecutar obras de prevención, todo esto durante el régimen de Pedro Castillo. Pero Jara no ha sido el único que ha sido enviado a un penal mientras es investigado. Igual suerte han corrido Mario Espinoza, asesor del exdirector de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), y el exfuncionario Jorge Bernal. Se salvaron, con comparecencia restringida, Robert López, el jefe de la entidad, Máximo Palacios y Joseph Lombardi. Quizá estén dispuestos a contarlo todo y por eso se han ido a su casa. A estas alturas, Bermejo, el que se promocionaba como “luchador social”, no puede seguir victimizándose y decir que no sabía nada. Jara trabajaba en su despacho y los testimonios se han ido conociendo de a pocos. Los cargos son delicados: cobrar coimas por obras en zonas muy pobres y necesitadas de esos trabajos. La investigación del Ministerio Público tiene que ser prolija y oportuna para que nadie salga después a hablar de “persecución política” rodeado de portátiles.
