Los miembros del Grupo Colina son unos asesinos impresentables que bien presos están. Sin embargo, el Poder Judicial ha establecido que estos malos integrantes del Ejército no fueron los responsables del asesinato del dirigente de construcción civil Pedro Huilca, ocurrido en diciembre de 1992. Incluso los terroristas de Sendero Luminoso se habían atribuido este hecho. Sin embargo, por esas cosas que solo pasan en el Perú, el Estado en tiempos de Alejandro Toledo asumió la responsabilidad de este crimen e indemnizó a los deudos del fallecido con 250 mil dólares. Ahora que se sabe que las balas no salieron de armas del Estado, sino que fueron senderistas, ¿qué pasará con la plata entregada? ¿Tendrá que ser devuelta? Por lógica, el dinero tendría que retornar a las arcas públicas, pues la reparación tendría que ser pagada por los verdaderos asesinos y no por todos los peruanos. ¿Será esto posible? En nuestro país nunca se sabe.
