Ante la creciente amenaza que sufren los pueblos indígenas debido al avance de las actividades ilícitas, principalmente en la Amazonía, los defensores y defensoras ambientales de Perú, Colombia, Brasil, Guatemala, Ecuador, Costa Rica y Bolivia han decidido unirse y crear una alianza regional para la defensa de sus vidas, territorios y de la naturaleza.

La jornada “Propuestas desde las y los defensores ambientales indígenas”, impulsada por organizaciones indígenas como AIDESEP, sus bases regionales, y la asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), reunieron a líderes y lideresas de la región para impulsar una alianza con el objetivo de proteger y defender los derechos territoriales y la vida de las defensoras y defensores ambientales.

Esta acción la decidieron como respuesta a la oleada de violencia que se vive en América Latina y el Caribe. “Hemos decidido unir esfuerzos para formar una alianza regional fortalecida, con la finalidad de salvaguardar nuestros derechos como pueblos indígenas desde el espacio regional y desde una mirada global con los países aquí presentes. Queremos que sea una alianza proactiva frente a los daños que vienen sufriendo los pueblos y los líderes en relación a su labor de defender sus tierras”, expresó Jamner Manihuari, representante de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

Intercambio de experiencias De acuerdo a los líderes indígenas reunidos en Lima, existe un limitado apoyo por parte de los Estados para hacer frente a la violencia contra los defensores y defensoras ambientales, así como para emprender iniciativas de protección a los territorios, y es por ello que han decidido crear una ruta conjunta para mejorar el acceso a la justicia y a la protección que requieren para ejercer sus funciones con seguridad.

En ese esfuerzo, se busca fortalecer mecanismos intersectoriales, y el rol complementario entre sectores como el de justicia, y el del interior, en el caso peruano. “Venimos a este espacio con esperanza, es una apuesta que debe conducir a mejorar el acceso a la justicia, a los derechos humanos, a las garantías procesales y judiciales, y también a cómo relacionar la protección del territorio y los recursos naturales que existen en cada país. En Colombia lo hacemos desde una propuesta, la implementación del Acuerdo de Escazú, pero no en todos los países ha sido ratificado”, sostuvo Mateo Estrada, representante de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC).