El exjefe de la Oficina de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, se salvó de ir a prisión preliminar como pedía la Fiscalía, pero su vivienda ubicada en Miraflores fue allanada ayer, en una diligencia que comenzó antes que amanezca y tenía como objetivo la incautación de laptops, celulares y documentos.
El juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo rechazó dictar detención preliminar contra Corvetto porque considera que no hay peligro de obstaculización o fuga.
La Fiscalía y la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional realizaron la diligencia por las fallas reportadas durante las elecciones del 12 de abril. A Corvetto se le investiga por dos delitos: colusión agravada y omisión de funciones.
En la investigación también están incluidos Juan Antonio Phang, suspendido subgerente de Producción Electoral de la ONPE; José Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral, y Juan Charles Alvarado, gerente general de Servicios Generales Galaga, empresa encargada de la distribución del material electoral.
En total, 12 inmuebles relacionados a los investigados fueron allanados, entre ellos el almacén de Galaga en Lurín. También los predios relacionados con Lilia Flores Banco, Juan Charles Alvarado Pfuyo e Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, todos bajo la sospecha de colusión.
Tesis fiscal
El objetivo principal de la diligencia era la incautación de elementos que permitan corroborar la tesis fiscal sobre un presunto acuerdo ilícito para defraudar al Estado.
Según la tesis del fiscal Raúl Martínez, Samamé flexibilizó los términos para que la empresa Galaga termine ganando la buena pro. La Fiscalía también sostiene que Corvetto designó a Samamé, sin que presuntamente tenga la experiencia.
Asimismo, para el fiscal, Corvetto “concertó con el proveedor Juan Alvarado Pfuyo, gerente general de la empresa Galaga”.
Respecto al delito de omisión de funciones, se señala que Corvetto no aseguró que más de 50 mil electores votaran el 12 de abril por la no instalación de sus mesas de sufragio.
Por las puras
“La mayor parte de los elementos probatorios ya deben haber sido ocultados, declaró el abogado penalista Vladimir Padilla, al calificar los allanamientos como “una crónica de un fracaso anunciado”. “Es muy difícil que la Policía halle información útil”, dijo por su parte el abogado Carlos Caro.
