El Ministerio Público presentó ante el Congreso de la República una denuncia constitucional contra el ex parlamentario Héctor Becerril por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado en agravio del Estado.
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La Fiscalía, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó la querella contra Becerril Rodríguez ante el Legislativo. La medida fue tomada en base a un supuesto desbalance patrimonial durante su periodo como congresista, desde el año 2011 hasta el 2019.
Esta es una nueva denuncia constitucional contra el químico farmacéutico pues, el 15 de febrero pasado, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el archivo de las denuncias presentadas contra Héctor Becerril, ratificando el blindaje que evita que sea procesado por el caso “Los Temerarios del Crimen”.
La denuncia constitucional por este caso había sido presentada por Zoraida Ávalos, entonces fiscal de la Nación, y acusaba al fujimorista de solicitar beneficios económicos a David Cornejo, alcalde de Chiclayo, para llevar a cabo gestiones y facilitar la ejecución de tres obras públicas.
El caso apuntaba que Becerril recibió un 5% del valor total de cada una de las obras, argumentando que actuaba como el brazo político de “Los Temerarios del Crimen”. Estos hechos ocurrieron entre los años 2016 y 2018.
Aunque la acusación pretendía habilitar al Ministerio Público para iniciar un proceso penal contra Becerril, el informe final elaborado por José Jerí (Somos Perú) concluyó que la sospecha inicial de la fiscalía no podía ser verificada, proponiendo así su archivo.
SAC archivó denuncia presentada por Ávalos
En diciembre de 2023, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por la congresista Lady Camones (APP), archivó la denuncia presentada por la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el exlegislador de Fuerza Popular Héctor Becerril en el caso “Los Temerarios del Crimen”. Becerril enfrentaba acusaciones por organización criminal, cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias.
El informe fue también archivado por la Comisión Permanente en febrero de este año pero queda pendiente y posteriormente su debate en el pleno.
