Poco probable es que se convierta en ley la propuesta legislativa de amnistía para los implicados en el frustrado autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, que lideró el expresidente Pedro Castillo, y quienes luego protestaron en las calles contra el régimen de Dina Boluarte.
La iniciativa de los diputados Catherin Palomino, de Juntos por el Perú (JP), y César Holguín, de Ahora Nación, tiene apoyo de legisladores de Obras, pero el rechazo de Renovación Popular (R) y Fuerza Popular (FP), que, en el Senado, donde tienen mayoría, pueden evitar que pase a ser ley.
Se descuenta que el senador Jorge Gavidia, quien formalizó su renuncia irrevocable al Partido del Buen Gobierno, votará en línea con el fujimorismo, al que ya apoyó al otorgarle facultades legislativas delegadas al Gobierno de Keiko Fujimori.
El diputado Aldo Bravo (R) confía en que la ley “no pasará”.
No pasará
El diputado Aldo Bravo (R) advirtió que esta amnistía es “instrumento de impunidad” y que “desde que los diputados de JP juraron por la libertad de Castillo, su agenda estaba advertida”.
“Así opera la izquierda, fabrica causas y levanta banderas para alimentar el odio y el resentimiento y así manipular a la población. ¡No pasará!” la amnistía, recalcó.
El senador Fernando Rospigliosi (FP) acotó que Castillo no es un perseguido político y recordó que está condenado a 11 años y 5 meses de prisión por intentar un golpe de Estado (conspiración para la rebelión).
Objetivos
En Canal N, el analista político Juan Paredes Castro alertó que JP llegó al Congreso para amnistiar a Castillo. Aseveró que Juntos por el Perú y algunos de sus aliados tenían dos objetivos: la defensa de Castillo y oponerse al Gobierno de Keiko Fujimori como sea.
Dijo que la amnistía “es una propuesta de ruptura del Estado de Derecho” y que si fue “absurdo” sabotear el pedido de facultades, esto es “más peligroso y desafiante”.
El constitucionalista Natale Amprimo advirtió que la amnistía sería un mal mensaje al país, porque Castillo pretendió cerrar instituciones del sistema constitucional como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, el Poder Judicial y el Congreso.
La amnistía propuesta también anularía la condena de la expremier Betssy Chávez y podría alcanzar al exasesor Aníbal Torres y el exministro del Interior Willy Huerta, ambos procesados.
Una amnistía elimina el delito, no solo la pena, así como borra los antecedentes, detiene los procesos y libera a los implicados.
