Rutas de Lima, la concesionaria responsable de la administración de peajes en Lima, rechazó enfáticamente la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó suspender el cobro de peajes en Puente Piedra.
MIRA: TC ordena a Rutas de Lima suspender cobro de peaje en Puente Piedra
La empresa calificó la decisión como “arbitraria” y argumentó que viola sus derechos contractuales, así como la Constitución peruana y los tratados internacionales. En un comunicado público, advirtió que esta determinación sentaría un “precedente jurídico nefasto” para los inversionistas y titulares de concesiones en el país, generando un clima de “inseguridad jurídica”.
Además, Rutas de Lima cuestionó el hecho de que el Tribunal Constitucional no haya tomado en cuenta la existencia de rutas alternativas ni las disposiciones del contrato de concesión que permiten la implementación de nuevas vías.
“Pese a que la propia Municipalidad Metropolitana de Lima y otras cortes peruanas en decenas de fallos han identificado la existencia de rutas alternas, y se ha acreditado que el Contrato de Concesión no prohíbe la implementación de nuevas vías alternas, incluyendo el proyecto identificado por la propia MML en su comunicación de marzo de 2023, el TC no ha tenido en consideración tales cuestiones y ha elaborado interpretaciones y teorías que exceden aquello que, según las regulaciones vigentes, puede ser discutido en un proceso de Habeas Corpus”, se lee en el documento.
Rutas de Lima asegura ser víctima de una campaña hostil
Por otro lado, Rutas de Lima acusó al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de liderar una presunta campaña de hostilización contra la empresa. Esta situación, según la concesionaria, ha afectado sus operaciones y ha politizado el debate sobre el cobro de peajes en Puente Piedra.
En ese sentido, Rutas de Lima anunció que se reserva el derecho de emprender acciones legales a nivel nacional e internacional para defender sus intereses frente a lo resuelto por el Tribunal Constitucional.
“Esta resolución se da en un contexto en que RDL viene siendo objeto de una campaña de hostilización sistemática por parte de la MML, la Defensoría del Pueblo y otras entidades y actores políticos. En particular, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga conduce esta campaña que afecta nuestras operaciones y que ha buscado politizar una discusión que es eminentemente legal”, argumenta.
“Rutas de Lima y sus accionistas se reservan el derecho de implementar las acciones legales a nivel local e internacional para defender sus derechos frente a esta arbitraria decisión”, finaliza el comunicado
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