Condenar judicialmente y mandar a prisión a los culpables del incendio en la galería Nicolini de Las Malvinas y a quienes incumplieron la orden de clausura del local y encerraron a trabajadores esclavizados provocando su muerte es una exigencia social.
La responsabilidad también llega a las autoridades que permitieron que todo ocurra. No se trata solo de un acto que busca aplacar la justa ira de los deudos, sino que sobre todo será una acción ejemplificadora o disuasiva para que nunca más se vuelvan a cometer tantos ilícitos juntos contra la seguridad y los derechos laborales.
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