Amparada en fuertes indicios, la investigación contra una presunta mafia liderada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no solo apunta a negociados del Ministerio Público con legisladores, a cambio de votos en el Congreso. Ello incluso salpica al Ejecutivo, antes cercano a la fiscal y al Parlamento. Ahora, además de negarse a renunciar, Benavides sorpresivamente denunció ayer a la presidenta Dina Boluarte y al premier Alberto Otárola por homicidio calificado, a raíz de las muertes durante las protestas contra el Gobierno. En ese convulso escenario que pronto podría implicar a integrantes de otras entidades públicas, ya se habla de adelantar las elecciones y otras cosas más. No creemos que sea la salida. Ante esta situación, el país necesita que las investigaciones en marcha continúen dentro del marco regular para determinar la responsabilidad de los implicados. No se trata de sacar provecho propio, sino de que todo se haga en democracia y que se conozca la verdad.
