La procuradora especializada en Lavado de Activos, María Camus, solicitó al Tercer Juzgado Penal Colegiado que imponga a Keiko Fujimori y los 40 acusados por el caso “Cócteles” el pago solidario de una reparación civil por un total de S/151′063,509.84.
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Keiko Fujimori buscará, con su costosa defensa legal, evitar la condena y, por supuesto, pagar una elevada reparación civil.
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Según la Procuraduría Anticorrupción, el indultado Alberto Fujimori -padre de Keiko Fujimori- debe más de 57 millones de soles de reparación civil al Estado (incluidos los intereses generados) por los tres casos por los que fue sentenciado. ¡Y no ha pagado ni un sol!
Pedido por daños
La procuradora especializada en Lavado de Activos, María Camus, solicitó los S/151′063,509.84 por el daño causado a la imagen del país con los delitos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración ante la Onpe en los aportes ilegales a las campañas presidenciales de Fuerza Popular en 2006 y 2011.
Fiscal y Fuerza Popular
En tanto, el fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, pidió a la sala la “disolución y liquidación de Fuerza Popular”.
“El partido es instrumentalizado para participar en la aprobación de los proyectos de ley y las modificaciones de sus dictámenes. De la misma manera, la bancada que representa el partido va a realizar actos que van a coadyuvar a los fines de la organización. También se le está atribuyendo el delito de lavado de activos a la organización criminal”, aseveró.
Cárcel para abogada
En la audiencia en que culminó con su acusación oral, Pérez solicitó una pena de 6 años, 6 meses y 272 días contra Giulliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular, por el delito de obstrucción a la justicia “bajo el título de coautoría ejecutiva” por intimidar y amenazar “para que los falsos aportantes presten falsos testimonios en las investigaciones de lavado de activos”.
La audiencia seguirá el 15 y 16 de julio de manera presencial. El lunes 15 serán los alegatos de las defensas de Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama.
Loza se salvó
Ante la Prefectura de Lima, Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, solicitó ayer garantías para su vida ante las agresiones físicas y verbales a su salida de la sala de juzgamiento, el último martes, así como por recibir amenazas a través de las redes sociales.
Además, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional resolvió no sancionar a ella ni al abogado Humberto Abanto ante un pedido del fiscal José Domingo Pérez quien advirtió de ellos “gestos obscenos” en su contra.
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